Foto: Volcado de efluentes cloacales al Salteño Río Arenales como parte del "Plan Haciendo Realidad la Contaminación y Perjuicios de la Salud de los Salteños".-
REENVÍA ESTE EMAIL O COMPARTILO EN FACEBOOK JUNTOS PODEMOS HACER ALGO PARA QUE NO SIGAN ROBANDO A LOS SALTEÑOS Y CONTAMINANDO NUESTROS RIOS y DIQUES PROVINCIALES.
UN AMPARO HARÍA TEMBLAR LAS ARCAS DEL POCO CLARO GOBIERNO DE URTUBEY.
Así trascendió, según lo presentado en la Justicia Provincial, ante el Juzgado de 1a. Instancia en lo Civil y Comercial de 3a. Nominación de la ciudad de Salta, en autos: QUEVEDO, Carlos A. vs. COSAYSA-AMPARO CONSTITUCIONAL.
El amparos fue presentado en contra del Cobro Indebido del 50 % por ciento de la Factura de "Aguas del Norte" (COSAySA), por no brindar el servicio de desagües cloacales.-
Los Argumentos son varios, pero se destacan en dicha acción la facturación indebida a Todos los Usuarios del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales a lo largo y ancho de la provincia de Salta.
Las Acusaciones.
El accionante, ciudadano de la Provincia de Salta, en virtud del Art. 41 de la Constitución Nacional, acusan directamente a Aguas del Norte de NO TRATAR LOS EFLUENTES CLOACALES EN TODA LA PROVINCIA y paralelamente de contaminar todos los cursos de aguas de la provincia de Salta (ríos, arroyos, lagunas, etc.). Hay que recordar que dichos efluentes están contemplados como residuos peligrosos por la Ley Nacional de Residuos Peligros 24.051, y prohibido su volcado sin tratar a los ríos o cursos de aguas de toda la provincia. Así también las leyes provinciales 7.070 de medio ambiente y 7.017 (Código de Aguas de la Prov. de Salta) prohíbe tácitamente tales acciones contra el ambiente y los riesgos graves para la Salud Pública.
Devolución del dinero mal cobrado a los salteños.
La acción busca reestablecer el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales, ademas busca que no habiéndose prestado el servicio de "desagües cloacales" (igual a la mitad de la factura tanto para los usuarios que tienen medidor como los que tienen un cargo fijo), por considerarse pruebas contundentes la no existencia de las plantas de tratamientos de dichos efluentes en 55 municipios, la no existencia de los Certificados de Aptitud Ambiental de los 59 municipios y menos aún los 2 (Cer. Ambientales -CAM-) de las plantas de tratamientos de Salta Capital, 1 de Tartagal y 1 de Oran.
Hay que destacar que la inexistencia de los 60 (SESENTA) Certificados de Aptitud Ambiental, previa celebración de 60 (SESENTA) audiencias publicas según lo establece la ley 7070, es causal de nulidad absoluta del acto administrativo de concesión del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales a cualquier persona Publica o Privada.
Es menester destacar, que la ausencia de tratamiento de los efluentes cloacales (o aguas servidas), provoca graves patologías en las personas, siendo de público conocimiento la gran cantidad de consultas y tratamientos por enfermedades infeccionas, cuya mayor potencialidad está circunscripta a las personas que residen en las cercanías dónde se vuelcan dichos efluentes, y por supuesto, aquellos que realizan manejos de agua proveniente de los ríos receptores de las efluentes contaminadas.-
Particular atención debe dedicarse al tema de las efluentes industriales, las que también son volcadas sin ningún tratamiento a los ríos de nuestra Provincia, cuando las normas ambientales vigentes claramente determinan un tratamiento distinto y específico, incluso de las efluentes cloacales.-
Ahora bien, el servicio que presta Aguas del Norte (COSAYSA) y el que prestaba con anterioridad Aguas de Salta, en los términos señalados, solo es posible en virtud de la inescrupulosidad de los Funcionarios Públicos (del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial) que han tenido o tienen injerencia en el otorgamiento de un servicio público en las condiciones indicadas, lo que por cierto no ocurre por una simple omisión de sus deberes, sino por una manifiesta y dolosa actuación, que implica tener un desprecio por el medio ambiente y naturalmente por los habitantes de esta Tierra, lo que sin duda alguna NO ES GRATIS.-
Pero a la inmoralidad y corrupción que es regla en el otorgamiento de servicios públicos en esta Provincia de Salta, se le debe agregar el descaro con que actúan los concesionarios públicos, como está ocurriendo con Aguas de Salta, quién a pesar de tener conciencia de que NUNCA prestó el servicio de desagües cloacales, hoy continúa ejecutando deudas y rematando propiedades, con el aval del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia, quedando todo en un círculo de putrefacción política, en desmedro de todos los Salteños.-
La mala fe de los Funcionarios Públicos actuantes o que actuaron en el tema del agua potable y desagües cloacales, es facilmente comprobable, por cuánto tienen la plena certeza de que sus omisiones o sus actos dañinos serán reparados por el Estado Provincial, es decir, por los propios perjudicados (los habitantes de la Provincia de Salta), maxime cuando no existe desde el 83 a la fecha un Juez que haya hecho responsable a un Funcionario Público del Incumplimiento de sus Deberes, pero que no obstante ello, es deber de todo ciudadano de por lo menos no consentir inmoral y hasta amoralmente estos actos de oprobio inequívoco.
La responsabilidad del Estado Provincial surge de la propia Constitución, pero también de la irresponsabilidad y ausencia de idoneidad moral e intelectual para ocupar cargos públicos de nuestros funcionarios, y lo que es peor, de una demostración siniestra de la falta de amor a nuestra tierra y a la dignidad de las personas.-
Los montos de la devolución, que ineludiblemente debería hacerse cargo el Estado Provincial (por su obligación legal de preservar un ambiente sano), ante la quiebra inminente de Aguas del Norte y la insolvencia declarada de Aguas de Salta (quien por otra parte, litiga en la Provincia - lease remata propiedades céntricas por deudas certificadas por el ENRESSP de Urtubey sobre los Salteños-), cuyo importe ascendería aproximadamente a los 1.200 millones de pesos, con un promedio aproximado de unos 14 mil pesos por Usuario, quedando fuera de este aspecto las demandas de particulares por daños y perjuicios ocasionados por el remate de viviendas, mediante el cobro indebido y certificado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, lo que de tomar estado público haría que particulares demandaran a la Provincia por la connivencia con empresas publicas y privadas en la prestación del servicio público aludido.
Los interesados en participar de la demanda, hacer valer sus derechos, que le devuelvan lo que le cobraron mal o bien a quienes le remataron la propiedad, pueden dirigirse a Alsina 1150, Estudio Vazquez & Asociados o comunicarse al 0387 - 4217247.
O bien vía Correo Electrónico a observadorsalta@gmail.com.
